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El pasado 30 de septiembre, en la localidad de Funes de la provincia de Santa Fe, el fiscal Sosa actuó de oficio ante un caso de violencia. Las víctimas fueron 7 galgos que presentaban diversas lesiones, y que eran utilizados para la caza por personas que quedaron detenidas.

Los hechos de violencia hacia los demás animales contemplados en la Ley 14.346 son delitos de acción pública, por lo cual es obligación del Estado actuar a través de los funcionarios encargados de la seguridad (policías) y/o persecución penal (fiscal o juez de instrucción) que tomen conocimiento de su comisión.

Los perros tenían los collares asegurados con alambres que los ahorcaban y los pinchaban, produciéndoles hematomas debajo de sus mandíbulas. Presentaban lastimaduras, lesiones compatibles con golpes, y un altísimo grado de desnutrición y deshidratación. Había también hembras con piómetra, una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la presencia de pus dentro del útero.

En los hechos intervino la policía de la comisaría 23 de Funes. Por disposición del fiscal  los caninos damnificados fueron derivados al área de Salud Animal del municipio y a las voluntarias de la ONG Arca Funes Santa Fe bajo la carátula de “depositarios judiciales”.  Acto seguido los agentes de Salud Animal les brindaron asistencia veterinaria, en donde se constató la violencia que habían recibido. Por tal motivo el fiscal decidió no restituir los perros a los detenidos, solicitando el cuidado transitorio a la ONG y el área Municipal, la cual además presentó un informe del estado de los galgos para sumar pruebas a la causa y hacer efectiva la no restitución a los delincuentes.